Protegemos su patrimonio, su vivienda y la viabilidad de su empresa ante procedimientos de ejecución, y auditamos la situación procesal real de las carteras de dudoso cobro antes de que las adquiera.
Tanto si es un particular que enfrenta un proceso de ejecución hipotecaria sobre su vivienda habitual o patrimonio personal, como si representa a una empresa inmersa en un procedimiento de ejecución mercantil o bancaria, la rapidez y la precisión técnica en la respuesta judicial determinan el resultado.
En Jiménez Astorga Abogados y Consultores ponemos a su disposición más de siete décadas de experiencia procesal y mercantil. Analizamos en profundidad cada demanda para detectar vicios formales, cláusulas abusivas y vías de negociación o suspensión, prestando servicio con total cobertura en todo el territorio nacional.
La adquisición o cesión de carteras de créditos de dudoso cobro (Non-Performing Loans) exige una evaluación rigurosa que trascienda la mera información financiera o el valor aparente de las garantías subyacentes. La verdadera rentabilidad y tasa de recuperación de una cartera NPL dependen de la situación procesal real de cada expediente en los juzgados.
Ofrecemos un servicio especializado de Due Diligence procesal integral, mediante la revisión exhaustiva de la totalidad del expediente judicial y registral. Emitimos dictámenes de viabilidad concretos y ejecutivos que permiten a inversores, fondos y servicers ponderar los riesgos, ajustar la valoración de la cartera (pricing) y definir la estrategia de recobro previa a la transacción.
Afrontar una demanda de ejecución hipotecaria no significa la pérdida automática de su inmueble. Existe un marco legal y jurisprudencial muy estricto que protege a los deudores frente a abusos de entidades bancarias y fondos de inversión.
Evaluamos y formulamos motivos de oposición basados en la presencia de cláusulas abusivas (vencimiento anticipado, intereses de demora, IRPH, gastos de constitución o cláusulas suelo) con arreglo a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Supremo.
Verificamos si la entidad o fondo que liquida la deuda ostenta verdaderamente la legitimación procesal para ejecutar.
Activamos los mecanismos legales de moratoria y protección para colectivos vulnerables o deudores sin alternativa habitacional.
Buscamos soluciones definitivas mediante reestructuración de la deuda, quitas, dación en pago o acuerdos de refinanciación adaptados a su situación real.
Para un negocio, un procedimiento ejecutivo —sea por un préstamo hipotecario sobre naves e inmuebles comerciales, pólizas de crédito o pólizas de afianzamiento— puede paralizar la actividad operativa y amenazar la continuidad de la sociedad.
Impugnamos ejecuciones fundadas en títulos no judiciales o hipotecarias, revisando exhaustivamente las liquidaciones del saldo deudor y los intereses aplicados.
Diseñamos estrategias para evitar embargos preventivos sobre cuentas bancarias, bienes de equipo y derechos de cobro que pongan en riesgo la tesorería de la empresa.
Analizamos la validez y alcance de los afianzamientos personales, prestando defensa ante derivaciones de responsabilidad.
Coordinamos la estrategia procesal con los instrumentos del marco concursal y de reestructuración para posibilitar la viabilidad corporativa.
Asumimos la representación y la dirección letrada ante cualquier juzgado o tribunal de la geografía española.
Los procedimientos de ejecución cuentan con plazos procesales sumamente breves e improrrogables desde la notificación de la demanda. Actuar dentro de los primeros días tras la recepción del requerimiento judicial es fundamental para articular una defensa efectiva.
Asumimos la representación y dirección letrada ante cualquier juzgado o tribunal de la geografía española.
Revisamos su demanda y la escritura del préstamo o contrato en un plazo prioritario.
Conjugamos la máxima contundencia procesal en los tribunales con la capacidad de negociación al más alto nivel frente a entidades financieras y fondos.
Viabilidad, recuperación real y tiempos de ejecución en las operaciones de adquisición de carteras de créditos de dudoso cobro.
Nuestro equipo de especialistas en Derecho Procesal y Mercantil analiza expediente por expediente para determinar el estado de curso formal y sustantivo de la deuda, identificando las contingencias legales que puedan ralentizar o frustrar la ejecución.
Verificación de la legitimación activa de la cartera, validez de las cesiones previas y cumplimiento de los requisitos para la sucesión procesal en el juzgado.
Revisión de la escritura de préstamo, póliza o sentencia dictada, evaluando la presencia de cláusulas abusivas, vicios formales o causas de nulidad que puedan ser objeto de oposición judicial.
Comprobación del efectivo requerimiento de pago al deudor y de la notificabilidad real de las partes para evitar futuras nulidades de actuaciones.
Análisis de la carga preferente, hipotecas concurrentes, embargos y anotaciones preventivas en el Registro de la Propiedad.
Evaluación del estado posesorio del inmueble —arrendamientos, ocupaciones sin título o situaciones de vulnerabilidad— y su impacto en los plazos de lanzamiento.
Estimación ponderada del tiempo restante hasta la subasta, adjudicación o posesión según la saturación y el comportamiento del juzgado concreto donde tramita el procedimiento.
Auditoría de la liquidez real computable, presupuesto de gastos procesales —tasas, procuradores, peritajes— y riesgos de imposición de costas.
Adaptamos nuestros informes al estándar exigido por los comités de inversión y directores de riesgos.
Identificación inmediata de los expedientes con riesgo alto: prescripción de la acción, nulidad de cláusulas, ilocalización irremediable o problemas de legitimación.
Clasificación de la cartera por nivel de ejecutabilidad y rentabilidad estimada.
Hoja de ruta detallada con las actuaciones judiciales inmediatas a realizar tras el cierre de la operación (closing).
Prestamos el servicio de auditoría y Due Diligence procesal para carteras ubicadas en todo el territorio nacional.
Siete décadas de práctica procesal nos otorgan un profundo conocimiento del funcionamiento real de los juzgados de primera instancia y mercantiles en las distintas Comunidades Autónomas.
Proporcionamos un dictamen objetivo y no condicionado, indispensable para la fijación justa del precio de compra (bid price) y la gestión de riesgos de fondos de inversión nacionales e internacionales.
Sin compromiso y con plena confidencialidad, tanto si defiende un asunto de ejecución como si va a encargar el análisis de una cartera. Si su plazo está en curso, indíquelo en el primer mensaje y adelaremos la revisión.
Escriba a admin@jimenezastorga.com o use el formulario adjunto indicando el número de procedimiento si lo conoce.
Revisamos su demanda y la escritura del préstamo o contrato en un plazo prioritario y le llamamos para fijar la reunión, presencial en Madrid o Valencia o en videollamada.
Recibe un diagnóstico escrito con plazos, escenarios posibles y honorarios cerrados antes de decidir.
Nos envía la ficha de activos y el acceso a la documentación de los expedientes mediante el formulario adjunto o escribiendo a admin@jimenezastorga.com.
Le proponemos muestra, fases, equipo y calendario de entrega del dictamen antes de asumir ningún trabajo.
Recibe el informe ejecutivo con la ficha resumen por expediente, el scoring de recuperación y la hoja de ruta procesal tras el cierre.
Si no dispone de toda la documentación, remita lo que tenga: la falta de un documento no impide un primer criterio sobre su asunto.
Si la cartera aún está en fase de preparación, podemos empezar por una revisión de coherencia documental y de riesgos principales.
Escriba a admin@jimenezastorga.com o use el formulario. La información facilitada será tratada de forma confidencial y bajo secreto profesional.